Papá Pitufo, S&P nos raja y Orbán cae

El domingo 5 de abril, la Unidad Investigativa de Noticias Caracol publicó una investigación con audios que sacudieron la política colombiana. Las grabaciones corresponden a dos reuniones realizadas a comienzos de 2025 entre Jorge Lemus, entonces director de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), y el abogado Luis Felipe Ramírez, defensor de Diego Marín Buitrago, alias Papá Pitufo, considerado el mayor zar del contrabando en Colombia.

En los audios, Lemus le sugiere al abogado que la extradición de su cliente a Estados Unidos no debería preocuparles, porque el Gobierno podría protegerlo incluyéndolo en el marco de la "paz total". En una de las frases más comprometedoras, Lemus dice: "Entre más avanzada la negociación, pues hermano, la extradición ya no es igual". Las grabaciones evidencian también que al menos cuatro personas que decían actuar en nombre del presidente Petro mantuvieron contacto con el entorno del contrabandista: el propio Lemus, Isaac Beltrán (exasesor de la UIAF), Augusto Rodríguez (director de la UNP y hombre de confianza de Petro desde hace más de 30 años), y Gloria Arias, exfiscal que hoy hace parte de la defensa legal de Marín.

La respuesta del Gobierno llegó el 6 de abril a través de la oficina de Comunicaciones Estratégicas: admitió los contactos, pero aseguró que el único propósito era facilitar el regreso voluntario de Marín a Colombia. También reconoció que algunos agentes aprovecharon esos acercamientos para solicitar dinero, y que por eso fueron retirados. La fiscal general Luz Adriana Camargo, por su parte, calificó de "delirante" la idea de un pacto entre la Fiscalía y la DNI para bloquear la extradición.

El affaire también salpicó a Abelardo de la Espriella: el bufete de abogados del candidato presidencial representó en algún momento a Andrés Felipe Marín, alias Pipe Tuluá, líder de la banda criminal La Inmaculada y socio señalado de Papá Pitufo. De la Espriella no ha tenido vinculación directa con el caso, pero la asociación de su firma con personajes del entorno de Marín le genera un costo político en plena campaña electoral.

El 7 de abril, el Sistema Integral de Trámites al Ciudadano (SITAC) — la plataforma tecnológica que gestiona todos los trámites de pasaportes en Colombia — colapsó a nivel mundial. La caída duró más de dos días y afectó a ciudadanos tanto dentro del país como en consulados de Madrid, Barcelona, Miami, Orlando y Nueva York, donde cientos de personas hicieron filas sin poder ser atendidas.

La Cancillería confirmó que el sistema fue víctima de un ataque cibernético externo que comprometió parte de la infraestructura tecnológica. La coincidencia no es menor: el colapso ocurrió apenas días después de que el 1 de abril entrara en vigencia el nuevo modelo de pasaporte colombiano, producido en alianza entre la Imprenta Nacional, la Casa de la Moneda de Portugal y la Imprimerie Nationale de Francia — reemplazando a Thomas Greg & Sons tras casi 20 años.

La Procuraduría General realizó una inspección a la Cancillería el 9 de abril y en sus hallazgos preliminares advirtió "graves incumplimientos" en la actualización y mantenimiento de la plataforma. El sistema comenzó a reactivarse de forma gradual desde el 9 de abril, aunque persisten intermitencias. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca también avanza en el estudio de una demanda que cuestiona el contrato del nuevo pasaporte, valorado en 1,3 billones de pesos.

El jueves 9 de abril, campesinos, gremios agropecuarios y propietarios rurales realizaron un paro nacional en rechazo al aumento de los avalúos catastrales establecidos por la Resolución 2057 de 2025 del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC). En departamentos como Santander, Boyacá, Norte de Santander, Cundinamarca, Antioquia y el Eje Cafetero, los manifestantes bloquearon vías estratégicas durante más de 12 horas.

Los casos más extremos reportados por RCN Noticias y Caracol Radio muestran aumentos en el avalúo catastral de hasta 3.000% en algunos municipios de Norte de Santander, y de hasta 2.505.119% en un predio de Saravena, según denunció el gremio Procaña. En Boyacá, una campesina contó que su predio pasó de un avalúo de 38 a 192 millones de pesos. El impacto es directo: el impuesto predial — que se calcula sobre el avalúo — se volvió impagable para pequeños propietarios.

El Gobierno sostiene que el catastro multipropósito busca que los grandes propietarios de tierra paguen impuestos proporcionales a sus activos reales, y que los avalúos llevaban 20 años sin actualizarse. Petro instó a los alcaldes a establecer tarifas diferenciadas, más altas para haciendas improductivas y más bajas para campesinos y estratos bajos. La protesta se levantó parcialmente en la tarde del 9 de abril, luego de que el Gobierno convocara una mesa técnica.

La nota política: Laura Tatiana Muñoz Ospina, vocera principal del paro, aparece registrada como militante del Centro Democrático desde julio de 2023, según reportó Caracol Radio. Ella negó vínculos partidistas y reconoció una reunión previa con Paloma Valencia sobre el tema catastral. El Gobierno y el Pacto Histórico aprovecharon el dato para cuestionar la independencia del movimiento; la oposición respondió que el problema del predial es real y trasciende la política.

Paloma Valencia y Gustavo Bolívar Cepeda hicieron giras simultáneas por Santander en la semana del paro. Valencia llenó el recinto Neomundo en Bucaramanga, con asistencia desbordada dentro y fuera del lugar. Cepeda se concentró en la Plaza Luis Carlos Galán. Durante el paro, Valencia quedó atrapada junto a Cárdenas y Luna, y aprovechó el momento para declarar que los manifestantes tenían el derecho de exigir, que los aumentos catastrales en el campo eran injustos, pero que los bloqueos tampoco podían seguir afectando a terceros.

En el terreno de los debates, Abelardo de la Espriella anunció que no participará en ningún debate donde Cepeda no esté presente. Luis Gilberto Murillo, por su parte, criticó que los debates en el Congreso solo incluyeran a ciertos candidatos, exigiendo que o todos fueran convocados en igualdad de condiciones o que quienes debaten renuncien a sus curules temporalmente.

La relación entre Colombia y Ecuador llegó a su punto de quiebre esta semana. Ecuador elevó su "tasa de seguridad" sobre los productos colombianos del 50% al 100% a partir del 1 de mayo, argumentando la falta de cooperación de Colombia en el control del narcotráfico y el crimen organizado en la frontera de 586 kilómetros. El presidente Daniel Noboa fue directo: "No se puede llegar a acuerdos con quien no tiene el mismo compromiso para luchar contra el narcotráfico".

La ministra de Comercio colombiana, Diana Marcela Morales, anunció el 10 de abril que Colombia respondería nivelando sus aranceles al mismo 100%. Petro ordenó el regreso inmediato de la embajadora en Quito, María Antonia Velasco, y anunció que el próximo Consejo de Ministros se realizará en la frontera. En X, el presidente calificó la medida ecuatoriana de "monstruosidad" y afirmó que significa el fin del Pacto Andino para Colombia, sugiriendo orientarse hacia el Mercosur, el Caribe y Centroamérica. Colombia también presentó una demanda ante la Comunidad Andina (CAN), argumentando violación del Acuerdo de Cartagena. El secretario general de la CAN hizo un llamamiento urgente a ambos presidentes para retomar el diálogo.

El trasfondo de la crisis es político tanto como económico: todo comenzó cuando Petro llamó "preso político" al exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas, lo que Noboa calificó como un atentado contra la soberanía. La disputa comercial es la consecuencia directa de ese choque diplomático.

El miércoles 8 de abril, Standard & Poor's rebajó la calificación crediticia soberana de Colombia de BB a BB-, con perspectiva estable. Es la cuarta rebaja de S&P desde 2020, cuando Colombia todavía tenía BBB- (el último escalón del grado de inversión). Según Felipe Campos, de Alianza Valores, es un nivel sin precedentes: "Nunca en la historia del país desde 1993 tuvimos una calificación de BB-. No en la crisis asiática de 1998, no en la del UPAC, no en la pandemia de 2020".

S&P proyecta que el déficit fiscal llegará al 5,6% del PIB en 2026, frente al 5,3% de 2025. El mismo día, la calificadora rebajó también a Ecopetrol de BB a BB-, dado que la nota de la empresa está atada al perfil soberano del país.

El mensaje de S&P es claro: Colombia necesita consolidación fiscal, y la necesita ya. El gobierno entrante — quien sea — tendrá que reducir el gasto, fortalecer el recaudo y recuperar la credibilidad del banco central. Las promesas electorales de no subir impuestos son, en este contexto, básicamente incompatibles con la realidad fiscal del país.

El mismo jueves 9 de abril — mismo día del paro predial — la Corte Constitucional declaró inexequible el Decreto Legislativo 1390 del 22 de diciembre de 2025, mediante el cual Petro había declarado el Estado de Emergencia Económica para recaudar entre 11 y 16,3 billones de pesos que el Congreso le había negado. La decisión fue adoptada por la Sala Plena mediante la Sentencia C-075 de 2026, con ponencia del magistrado Carlos Camargo Assis.

La Corte determinó que siete de los ocho argumentos presentados por el Gobierno no cumplían los requisitos constitucionales de imprevisibilidad y excepcionalidad. La razón de fondo: el archivo de dos reformas tributarias en el Congreso es un riesgo previsible del trámite legislativo, no un hecho extraordinario que habilite estados de excepción. El magistrado ponente fue contundente: el decreto vulneró el principio de separación de poderes.

Con la caída del decreto, también quedan sin efecto los impuestos decretados al amparo de la emergencia: el aumento al impuesto al patrimonio, la sobretasa del 15% al sector financiero, el IVA del 19% a licores y a juegos de azar en línea, entre otros. Solo se recaudaron cerca de 814.000 millones de pesos antes de la suspensión provisional de enero — queda la duda de si esos recursos deberán devolverse.

Petro reaccionó desde Quibdó: "Nos quieren ahorcar porque somos un gobierno diferente". Días después anunció que su Gobierno presentará una reforma tributaria al Congreso que busca recaudar los mismos 16 billones. El ministro Germán Ávila confirmó la cifra. Si el Congreso la hunde de nuevo, Petro advirtió que volverá a decretar la emergencia.

La nota local más relevante: el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, tomó días de licencia no remunerada y Juan Carlos Hurtado asumió como presidente encargado. No es un movimiento menor — Ecopetrol es la empresa más grande del país, su calificación crediticia acaba de bajar junto con la soberana, y el momento político no es el más tranquilo para dejar la silla vacía.

En mercados globales, lo más destacado de la semana fue el petróleo: el crudo WTI subió +8.73% hasta los 105 dólares por barril, y el Brent subió +7.36% hasta 102.21 dólares. Las negociaciones en torno al Estrecho de Ormuz generaron volatilidad en los precios energéticos — si el estrecho se cierra o reabre parcialmente, los efectos son inmediatos. El oro cayó -1.12% y el cobre -1.40%, señales de que parte del capital está saliendo de activos de refugio al haber algo más de calma geopolítica.