Colombia llora, Trump evacuado y Alemania se rearma

El sábado 25 de abril, cerca de la 1:00 p.m., un cilindro bomba fue activado en el sector de El Túnel, municipio de Cajibío (Cauca), sobre la vía Panamericana — el principal eje que conecta Cali con Popayán. El artefacto fue lanzado cuando una fila de vehículos de servicio intermunicipal transitaba por el lugar. El cráter dejado mide aproximadamente 200 metros cúbicos y atraviesa completamente la calzada. El saldo definitivo: 20 personas muertas — 15 mujeres y 5 hombres, todos civiles — y 48 heridas, entre ellas cinco menores de edad. Once de las víctimas residían en la vereda Pedregosa de Cajibío. La Gobernación del Cauca decretó tres días de duelo departamental.

Pero el ataque del Túnel no fue un hecho aislado. Entre el viernes 24 y el sábado 25 se registraron 26 acciones violentas en Cauca, Valle del Cauca y Nariño. El viernes, un vehículo cargado con explosivos estalló frente al Cantón Militar Pichincha en Cali, sede de la Tercera Brigada del Ejército. Esa misma noche, otro ataque golpeó el Batallón de Ingenieros Agustín Codazzi en Palmira, sin víctimas fatales. El sábado la violencia se multiplicó: explosiones en Cajibío, Mercaderes, El Tambo, Caloto, Guachené, Miranda y Popayán. En El Tambo, drones cargados con explosivos atacaron un radar estratégico de la Aeronáutica Civil. Indepaz catalogó el ataque de Cajibío como la masacre número 47 de 2026.

Las Fuerzas Militares señalaron como responsable a la columna Jaime Martínez del Estado Mayor Central, estructura de las disidencias de las FARC al mando de alias Iván Mordisco. El Gobierno anunció el despliegue de 13 pelotones de caballería blindada y 12 de infantería, con recompensas de hasta 5.000 millones de pesos por alias Marlon, señalado como el máximo responsable del atentado en Cajibío.

Angie Rodríguez, directora del Fondo de Adaptación — entidad con un presupuesto superior a 1,2 billones de pesos — habló con Semana y Caracol Radio esta semana y abrió un frente de guerra interno en el Gobierno. Sus denuncias más graves apuntan a Juliana Guerrero, funcionaria que según Rodríguez ejerce poder informal sobre el DAPRE, el Fondo Colombia en Paz, el Ministerio de la Igualdad y otros cargos estratégicos, sin tener hoy un cargo oficial. "Ella es la que tiene el poder. No necesita tener cargo para tenerlo", afirmó. Rodríguez también señaló que Guerrero se ufanaba de tener contactos con el ELN y hablar de "misiones secretas". Guerrero negó los señalamientos.

Sobre Carlos Carrillo, director de la UNGRD, Rodríguez lo acusó de infiltrar un espía dentro del Fondo de Adaptación para grabarla y liderar un complot para sacarla del cargo. La respuesta de Carrillo no tardó: había presentado una denuncia de 46 páginas ante la Fiscalía el 14 de abril — una semana antes del estallido público — en la que señala que una funcionaria del Fondo de Adaptación habría pedido coimas equivalentes al 10% de un contrato de 13.597 millones de pesos para tramitar pagos. La Fiscalía ya citó a Rodríguez a ampliar su denuncia.

Lo que queda no es un escándalo de un solo lado. Es la imagen de un Gobierno devorado por disputas de poder y dinero entre sus propios funcionarios, mientras el país enfrenta su peor semana de violencia en años.

En el Congreso de Asofondos, Claudia López fue directa:

López señaló que De la Espriella ha representado personas con presuntos nexos con el crimen organizado, incluyendo al empresario Álex Saab. De la Espriella reconoció haber ejercido como apoderado de Saab, pero asegura que desconocía sus vínculos con el régimen venezolano y que cortó toda relación hace más de seis años.

Sobre los debates: Cepeda, puntero de todas las encuestas, solo quiere debatir con Paloma y De la Espriella, dejando por fuera a Claudia López y Fajardo. De la Espriella puso condiciones iniciales pero, bajo presión ciudadana y de medios, terminó aceptando las reglas de los medios. Cepeda aún no da el paso completo. Con 34 días para la primera vuelta, Colombia sigue sin tener un debate presidencial inclusivo y en condiciones de igualdad.

En el Consejo de Ministros del 21 de abril, el Gobierno escaló su confrontación con el Banco de la República a un nuevo piso. Todo comenzó cuando el ministro de Hacienda, Germán Ávila, abandonó abruptamente la última reunión de la Junta Directiva del emisor, en la que se decidió subir la tasa de referencia 100 puntos básicos adicionales — acumulando 200 puntos en lo que va del año. La tasa del Banrep se ubica ahora en 11,25%, mientras la inflación de marzo cerró en 5,56%, todavía lejos de la meta del 3%.

La respuesta de Petro fue directa: "Si la Junta sigue con esa tontería, volvemos a subir el salario". El problema es que la Ley 278 de 1996 no contempla un segundo aumento del salario mínimo dentro del mismo año fiscal. El único camino legal sería convocar anticipadamente a la Comisión de Concertación tripartita. La amenaza es, en términos prácticos, jurídicamente compleja de ejecutar. Lo que sí es real: Colombia tiene un Gobierno que rompió relaciones funcionales con su propio banco central a 34 días de las elecciones. Por su parte, el gerente Leonardo Villar rechazó asistir al foro del Ministerio de Hacienda sobre política monetaria, argumentando que el entorno de ataques previos hacía inoportuna su participación.

MaxLinear +76%: la empresa de semiconductores publicó resultados trimestrales muy por encima de las expectativas y guió al alza para el siguiente trimestre, desencadenando una compra masiva. Intel +23%: sorprendió positivamente con su guidance para el segundo trimestre — el mercado llevaba meses castigando la acción y cualquier señal positiva la dispara. Liberty Broadband -26%: la fusión con Charter Communications fue cancelada, eliminando de golpe la prima de adquisición que tenía incorporada en el precio.

Ecopetrol -4,84%: la caída es llamativa porque ocurre mientras el Brent cierra por encima de USD 100 — un precio que históricamente beneficia a la acción. La explicación está en el riesgo político local: semana brutal en seguridad en el suroccidente, confrontación escalada entre el Gobierno y el Banrep, y el escándalo de corrupción interna en el Ejecutivo. Los inversionistas también pesan la incertidumbre sobre quién asumirá la presidencia en agosto y qué hará con las políticas de transición energética. La distancia entre el precio del crudo y el precio de la acción se ha convertido en el mejor termómetro del riesgo-país.

Celsia -2,24%: las declaraciones de Petro señalando a operadores del sector energético como responsables del alza de la inflación ponen al sector de utilities bajo escrutinio político, y eso pesa en los títulos.

PF Grupo Argos +2,38%: avance en línea con la recuperación gradual del sector de infraestructura y cementos. La diversificación hacia activos de energía y aeropuertos le da protección frente a la volatilidad del ciclo constructor local.

Fabricato +4,76%: movimiento especulativo. El volumen absoluto apenas alcanzó $24 millones, lo que significa que cualquier compra de cierto tamaño mueve el precio significativamente. Sin catalizador fundamental identificado.