El presidente Donald Trump llegó a Pekín el miércoles 13 de mayo para una visita de Estado de dos días — la primera a China desde 2017 — acompañado por su hijo Eric y más de una docena de líderes empresariales, entre ellos Elon Musk de Tesla y Jensen Huang de Nvidia. Las conversaciones con Xi Jinping se realizaron en el Gran Salón del Pueblo y en el exclusivo complejo Zhongnanhai, donde ambos líderes caminaron juntos por los jardines en una escena de cordialidad inusual para la relación bilateral.
Trump definió las conversaciones como "extremadamente positivas y productivas" y habló de "acuerdos comerciales fantásticos" para ambos países. Xi calificó la visita como "histórica" y dijo que ambas partes habían establecido una "nueva era de estabilidad estratégica constructiva". Sin embargo, varias horas después de la partida de Trump, no estaba claro qué acuerdos se habían firmado formalmente. China no confirmó el anuncio de Trump de venderle 200 aviones Boeing, aunque sería el mayor pedido de ese tipo desde 2017. Tampoco se concretaron los compromisos de compra de productos agrícolas por USD 10.000 millones.
Los puntos de tensión permanecen sin resolver. Taiwán fue el tema más espinoso: Xi advirtió que los desacuerdos sobre la isla podrían derivar en "choques o incluso conflictos". Trump dijo que le gustaría que la situación se mantuviera como está, que no busca que Taiwán avance hacia la independencia, y que los USD 14.000 millones en armas pendientes de venta a la isla son "un muy buen chip de negociación". La postura oficial de EE.UU. sobre Taiwán, según el secretario de Estado Marco Rubio, "no ha cambiado".
China también se comprometió — según Washington — a no proveer armamento militar a Irán, aunque no lo confirmó públicamente. Al cierre de la visita, Xi aceptó la invitación de Trump para visitar Estados Unidos en otoño. El resultado real de la cumbre: imagen de estabilidad bilateral proyectada al mundo, con muy pocos resultados tangibles sobre la mesa.
Fuentes: Infobae · CNN Español · La Nación Argentina · Euronews · Departamento de Estado de EE.UU., 13–16 may 2026
Bolivia lleva más de dos semanas de bloqueos nacionales y protestas que amenazan con derrocar al presidente Rodrigo Paz, quien asumió el cargo en noviembre de 2025 tras derrotar en segunda vuelta a Jorge Quiroga. El detonante inmediato fue la Ley 1720, promulgada el 8 de abril, que permite la reconversión de pequeñas propiedades agrarias a propiedades medianas y facilita la concentración de tierras en manos de actores agroindustriales. Organizaciones indígenas, campesinas y ambientalistas la rechazaron como inconstitucional y contraria a los derechos colectivos consagrados en la Constitución de 2009.
A ese conflicto se sumaron maestros en huelga, transportistas protestando por el "combustible basura" y la Central Obrera Boliviana (COB) exigiendo un aumento salarial adicional del 20%. El coctel derivó en más de 22 puntos de bloqueo activos en las carreteras que acceden a La Paz y El Alto, con pérdidas económicas superiores a los USD 720.000 diarios y escasez de alimentos, combustible y oxígeno en hospitales, según la Cámara Departamental de Transporte.
El elemento más político de la semana: los sectores afines al expresidente Evo Morales iniciaron el martes 12 de mayo la "Marcha por la Vida para Salvar Bolivia" desde Caracollo, en Oruro, recorriendo los 188 kilómetros hasta La Paz en seis días. Al cierre de esta edición, la marcha se encontraba a las puertas de El Alto, lista para ingresar a la Plaza Murillo el lunes 18. El Gobierno de Paz acusó a Morales de financiar las protestas desde el Trópico de Cochabamba y las calificó de un intento de "romper el orden constitucional". Morales lo negó categóricamente.
Pero hay un contexto que no puede ignorarse: el 11 de mayo estaba programado el inicio del juicio oral contra Morales en Tarija, acusado por la Fiscalía boliviana de trata agravada de personas por haber sostenido presuntamente una relación con una menor de edad durante su presidencia, con quien habría tenido una hija en 2016. La Fiscalía reunió más de 170 elementos probatorios. Morales no se presentó, fue declarado en rebeldía y se reactivó su orden de captura. Su defensa calificó el proceso de "lawfare" y persecución política. La coincidencia temporal entre el inicio del juicio y la escalada de las protestas que él mismo lidera no pasó desapercibida para nadie: varios analistas y el propio abogado de Morales lo señalaron — aunque en sentidos opuestos — como una posible cortina de humo.
El presidente Petro tomó partido: calificó lo que ocurre en Bolivia como una "insurrección popular" y se ofreció a mediar si era invitado. Morales le agradeció públicamente.
Fuentes: Infobae América Latina · Wikipedia · Prensa Latina · El Universo · TeleSUR · El Heraldo · El País Colombia · El Caribe · El País Cali, 11–17 may 2026